Esta iniciativa de ley fue presentada por el Gobernador José Calzada Rovirosa, considerando que si bien el Sistema Nacional de Seguridad Pública --en el primer semestre de 2011-- coloca a Querétaro por debajo de la media nacional en la incidencia en materia de robo de vehículo; para el estado significa los más altos, con relación al resto de los delitos; además, de que es un tema de atención apremiante, considerando que conforme a la información de la Procuraduría General de Justicia, desde hace una década, ha representando anualmente entre el 4.5% y el 10% de la incidencia delictiva estatal, ocupando los primeros cinco lugares entre los de mayor frecuencia de comisión.

Por lo que en el dictamen aprobado se establece que si bien se han implementado políticas públicas encaminadas a la prevención y combate de este ilícito, es necesario adoptar otro tipo de estrategias y acciones para su combate que contribuyan a mejorar la eficiencia y efectividad.

En lo que respecta al delito de robo con violencia, se menciona que el secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de su página de Internet, ha publicado que ha tenido incremento tanto a nivel nacional como local, concretamente Querétaro, al finalizar el mes de septiembre del año 2010, el número de casos registrados ascendía a la cantidad de 880, en tanto que en el mismo periodo del año 2011 la cifra se contabilizaba en 1,071. Se señala que ese delito representa un grave riesgo de que se afecte la integridad física y la vida de las personas, pudiendo provocar como consecuencia delitos de lesiones o de homicidio, por lo que se debe fortalecer la prevención y combate de tal ilícito, diseñando estrategias, implementando acciones y realizando propuestas que conduzcan a frenar su incremento.

En razón de ello, en el documento se establece que resulta necesario modificar la fracción VII del Artículo 121 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Querétaro, con la finalidad de que el delito de robo de vehículo o maquinaria y el delito de robo con violencia sean considerados como graves por sí mismos, sin estar supeditados al valor de lo robado, pues en la actualidad, en la mayoría de los casos, el valor del objeto material no excede de 600 veces el salario mínimo, esto es, conforme a la zona a la que pertenece el Estado de Querétaro, un monto de $34,020.00, lo que da pauta en muchos eventos, a la aplicación de beneficios para el imputado, lo cual incide negativamente en el ofendido, pues al ver que la persona que le ha afectado en su esfera jurídica es dejada en libertad, le genera una percepción de impunidad, injusticia e inseguridad; amén de que también se afecta a la seguridad pública en general.

En la discusión de este asunto, el Diputado Marcos Aguilar Vega expresó las razones de su voto en contra de este dictamen, entre ellas que esta iniciativa incide negativamente en el principio de constitucionalidad de presunción de inocencia y atenta con el valor supremo de libertad del ser humano, puesto que al justiciable se le niega el beneficio de la libertad bajo caución, encasillándolo, desde el mismo proceso penal, en un estereotipo criminal y en un carácter de delincuente, dado que es privado de su libertad independientemente del bien robado. Además dijo que la propuesta se centra en el endurecimiento del castigo penal en amplio sentido, pero no se advierte que forme parte de toda una política pública de prevención del delito.

La Diputada Dalia Xóchitl Garrido Rubio manifestó que con esta iniciativa se pretende disminuir la incidencia de estos delitos. La legisladora afirmó que es necesario actuar de manera contundente, atendiendo a los casos que sufren día a día los ciudadanos y evitar que estos se vean rebasados por el incremento de la delincuencia.

El Diputado Luis Antonio Macías Trejo expresó que esta iniciativa fue enviada a la consideración del Poder Judicial, de la Procuraduría General de Justicia y de los Colegios de Abogados Litigantes, quienes la respaldaron. Dijo que entre los motivos de su voto a favor de esta propuesta, está el que en el municipio de Tequisquiapan, al cual representa, se ha incrementado el delito de robo de vehículo en un cien por ciento; dijo que el sentir de los ciudadanos es lo que lo motiva apoyar estas reformas, ya que un vehículo, sin importar el valor, es un patrimonio familiar, que utilizan las personas todos los días ya no como un lujo, sino como una herramienta para realizar sus actividades. Rechazó que esta iniciativa de ley contraventa la Constitución Política Federal, “no iría en contra en este momento, en virtud de que la reforma que se hizo en 2008 aún no entra en vigor”, dijo que será aproximadamente hasta el 2016, cuando el estado de Querétaro adopte el nuevo sistema de justicia penal, conocido como juicios orales y en tanto eso suceda, los legisladores tienen la obligación de asumir la responsabilidad de legislar en la materia y contribuir con el Estado a inhibir la incidencia de estos delitos y al bienestar de los queretanos.