Pruebas de ello hay de sobra, casi siempre actúa como órgano represor del Estado la Procuraduría General de la República, otras le toca a la Policía Federal y de vez en vez a elementos del Ejército mexicano. El gobierno federal muestra el músculo y prueba de lo que es capaz con tal de no perder el poder omnímodo que le otorga el gobierno y sus instituciones. En Jalisco fue hace seis años, cuando el entonces candidato del PRI en plena campaña electoral fue acusado por la PGR, de la presunta vinculación en la comisión de varios delitos; la falsa acusación motivó que el candidato de entonces perdiera las elecciones estatales y se alzara con el triunfo Emilio González, que iba atrás en las encuestas.

El ‘michoacanazo’, en mayo de 2009, hace poco más de dos años, cuando fueron detenidos por la misma Policía Federal y elementos del Ejército, 11 presidentes municipales y 16 funcionarios estatales diversos, hasta un juez, acusados de estar vinculados con la delincuencia organizada; la intención fue doblegar al gobernador Leonel Godoy; poco a poco fueron obteniendo la libertad los detenidos y no hubo responsables de las acusaciones hechas por el gobierno federal; al final, Godoy perdió las elecciones, aunque la pretensión era que ganara la hermana del presidente de la República, Luisa María, pues pensaron que el enemigo a vencer lo era el gobierno perredista; sin embargo, les ganó el PRI. Ahora hay que sentar advertencias de lo que puede suceder más adelante.

¿Quién no recuerda lo dicho por la ex titular de la FEPADE, Arely Gómez González? En su renuncia denunció las presiones de que fue objeto por parte del procurador general de la República. Eso es grave, pero el paso del tiempo borra las huellas. La renunciante dijo, entre otras cosas, que se retiró “para permitir que se designe a un titular más cercano al paradigma de las políticas públicas que desea el Ejecutivo”. Eso fue una confesión pública en la que esclarece la ex titular de la FEPADE cuál es la política de investigación y persecución de los delitos electorales; política que se aparta de la simple (no por ello deja de ser importante) investigación y persecución de estos delitos, que no es otra cosa que sujetarse a los tipos penales establecidos en el Código Penal Federal y perseguir a los presuntos delincuentes electorales. Por ello siguen múltiples preguntas en el aire y sin respuesta: ¿cuáles son los paradigmas más cercanos de las políticas que desea el Ejecutivo federal? ¡La represión!

Se me viene a la mente lo declarado también por el entonces secretario del Trabajo, el 27 de noviembre pasado, Javier Lozano, cuando se presentaron los siete fantásticos en busca de la Presidencia de la República; dijo el secretario en funciones que era “un honor tener denuncias acumuladas en la FEPADE”. ¡Amenaza abierta y nadie dijo nada! Todos pasaron por alto lo dicho por este sujeto o simplemente no le dieron importancia. El claro, pues, uso del poder público represor en contra de priístas, no me cabe la menor duda.

Y algunos priístas se exponen tontamente para que se sospeche y se les ‘satanice’ de presuntos delincuentes lavadores de dinero. Esto sucedió con la detención de dos funcionarios del estado de Veracruz, cuando fueron detenidos en el aeropuerto de Toluca con un cargamento de 25 millones de pesos en efectivo; y claro, tanto panistas como perredistas, sin saben nada de nada, de inmediato adelantaron que ese dinero es para la campaña de Peña Nieto; sí, tanto Molinar Horcasitas como Jesús Zambrano lo afirmaron sin sustento alguno. En tanto que los dos empleados estatales, Said Zepeda y Miguel Morales Robles, fueron puestos en libertad pues no cometieron delito alguno mientras que los recursos que transportaban eran para el pago de eventos artísticos y culturales que se realizarán en las fiestas del Carnaval de Veracruz, la Candelaria, en Tlacotalpan, y el festival Cumbre Tajín 2012, en Papantla, señaló Tomás Ruiz González, titular de la Secretaría de Finanzas. Pero la mediatización no se hizo esperar y los periodistas ‘estrellas’ literalmente fusilaron por delincuentes a los empleados del gobierno priísta.

Y en esa noticia estaban cuando la Procuraduría General de la República emitió un boletín en el que anuncia que tres ex gobernadores priístas tienen prohibido abandonar el país porque están siendo investigados. La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General del República emitió una alerta migratoria para que se impida la salida de territorio mexicano de los ex gobernadores priístas de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, dice el boletín, ya que se han negado a comparecer ante fiscales federales que investigan el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, ex candidato al gobierno de esa entidad ejecutado en junio de 2010. Por supuesto la mediatización del descrédito en este momento está a todo lo que da.

Conclusión, el gobierno federal encabezado por Felipe Calderón Hinojosa está haciendo hasta lo imposible por desacreditar a los priístas y así poder posicionar a cualquiera de los hoy aspirantes a la candidatura panista, que no han podido remontar el marcador de las preferencias electorales que aún se mantienen a más de dos años de distancia en un dos a uno a favor de Enrique Peña Nieto y el PRI. Si los priístas no se ponen vivos y no hacen un frente común, seguramente les puede suceder lo que al PRD y AMLO hace ya seis años, les quitaron la Presidencia de la República por medio de la ‘guerra sucia’.